La introducción de los principios bioéticos –no maleficencia y justicia, autonomía beneficencia– en el entorno clínico y de investigación biomédica, así como en los entornos de la informática clínica, ha ido creando una nueva cultura de la relación médico-paciente que, por necesidad, se amplía también a valores y derechos como intimidad, privacidad, confidencialidad y secreto. Relación que, necesita un nuevo replanteamiento, debido a los factores tecnológicos modernos y los últimos avances en la informática médica (Receta electrónica, internet, Historia clínica…).
La confidencialidad se convierte así en un doble problema ético-deontológico y legal.
Por una parte, se trata de abordar la confidencialidad en su relación clínica más humana, personal y profesional entre médico-paciente o profesional-enfermo.
Por otra parte, se quiere afrontar el problema de las nuevas formas de relación médico-paciente por medio de la informatización, digitalización, telematización, etc. en concreto, de la datación, uso y custodia de la Historia Clínica (HªC).
La confidencialidad en su relación más personal necesita ser replanteada.
Es un problema que necesita ser abordado desde la interdisciplinariedad (medicina, enfermería, economía, legislación, bioética, religión, informática, etc.), al mismo tiempo que debe ser tratado con sensibilidad por lo complicado y complejo que es y por los múltiples factores que comporta.
El constante avance de las tecnologías de la informatización convierten a la confidencialidad datada en un campo de trabajo sociosanitario poco delimitado, no demarcado ni contextualizado, lo cual complica mucho la relación médico-paciente.
Es de destacar la pertinencia de una ley y la necesidad de modernizar el ordenamiento jurídico de la salud pública, así como los tres objetivos básicos que podemos nombrar: contribuir de manera más efectiva a la mejora de la salud de las poblaciones, abordar más eficazmente el problema de las desigualdades, y hacerlo del modo económicamente más sostenible.
Para alcanzar estos objetivos existe la necesidad de primar las políticas poblacionales frente a las individuales, la transversalidad de las acciones, y la necesidad de establecer una coordinación dentro de cada nivel y entre los distintos niveles de la Administración.
Es necesario por esto una intervención sistémica y facilitar la cooperación entre las comunidades autónomas, las administraciones locales y el Estado mediante el uso y el aprovechamiento de estas nuevas tecnologías, siempre respetando la confidencialidad del paciente y los principios de la ética en los entornos sanitarios.
La percepción ciudadana del riesgo es una realidad legítima que debemos aprender a manejar mejor entre todos.
¿Qué opinas?

ANDRÉS GIMÉNEZ PERALES

@andresgimpe

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